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Años atrás el Banco Mundial calculaba que en el mundo se gastaba más de 5 puntos del PBI global en corrupción. Otro estudio de dos investigadores de Harvard en 2004 desmitificó engañosas imágenes mediáticas creadas para desviar la atención de las verdaderas causas de corrupción.
Sobre la base de diversos estudios econométricos los científicos de Harvard: You Jong-Sung y Sanjeev Khagram, trabajaron en más de cien países, coligieron que existe un alto grado de correlación entre las variables analizadas: “desigualdad y corrupción” . Sucintamente también explican que la corrupción se da como consecuencia de la oportunidad.
Los grandes grupos, los medios hegemónicos y una fracción de la Justicia están acoplados a la política, contando con más oportunidades e incentivos que nunca para ejercer practicas deshonestas con total impunidad. El acceso a la compra de influencias aparenta ser tan sencillo como se ve en las películas. Recuerde “El Padrino”, Michael Corleone le dice a su sobrino Vince: “No necesito matones, necesito más abogados.”
Con la colonización española, la práctica del contrabando de los altos funcionarios hizo de la infracción a la ley una costumbre. No asumimos definiciones, pero intentamos expresar que “un acto de corrupción” consiste en sobornar, dejarse sobornar, pervertir un negocio, etc. “Un Gobierno corrupto” en cambio, diseña y realiza planes deshonestos sistemáticamente. Sus funcionarios abusan constantemente de su poder e influencia para realizar negocios turbios con los recursos a los que tienen acceso por su investidura.
La crisis de 1890 sacó a la luz la corrupción impúdica del presidente Juárez Celman (1886-1890), cuñado de Julio Argentino Roca, quien debió renunciar. Balestra escribió que Juárez Célman se convirtió en el hombre más rico de Argentina gracias a la corrupción. En 1888 las acciones del Banco Constructor de La Plata cayeron, desencadenando la gran “Crisis de 1890”, en que la Argentina incurrió en cesación de pagos.
El período conocido como “la Década Infame” (1930-1943), denominado así por la corrupción generalizada de varios gobiernos consecutivos. Negociados de los frigoríficos ingleses con funcionarios, las empresas Baring Brothers, los ferrocarriles ingleses, la Compañía Hispanoamericana de Electricidad (CHADE) y la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, Swift y Deltec, IBM, Siemens, entre otros. El caso más familiar a las generaciones vivientes es “la Argentina de los noventa”, coincidiendo con un ridículo incremento en la desigualdad, correlativa y funcional a la proliferación de la corrupción.
En 1950 los salarios representaban 51.9% del ingreso nacional, en 1993 menos de 30%, en 1998 solo 24%, el desempleo paso de 9% a 18% en 2001. El argumento de la reducción del Estado para eliminar prácticas corruptas se mostró irreal. Un Estado débil, sin regulación ni controles generó espacios de gran amplitud para la corrupción. En los noventa las prácticas corruptas se normalizaron creando sentido común: “así se construye poder político”, “el que no roba es un idiota”. Algunos políticos pasaron de tendencia revolucionaria o izquierda, a empresarios y/o miembros y, hasta presidentas de partidos de derecha.
Es difícil recordar periodos donde no haya habido “actos de corrupción”. Sin embargo, existen lapsos completos enlodados en la corrupción.
A lo largo de su vida el ultimo ex presidente que asumió procesado, solo durante su jefatura fue denunciado en 144 causas por delitos penales. Recientemente el ministro Sergio Massa denunció que durante el gobierno de Macri, la empresa estatal AySA, le pagaba $3.2 millones a Boca Juniors, conducido por Daniel Angelici, amigo personal y operador judicial del ex presidente. Massa cimentó esa acusación en constataciones que habría hecho Malena Galmarini, actual presidenta de AySA.
Un escándalo recorrió los medios de comunicación de todo el mundo, menos en Argentina. Macri figuró en la investigación sobre paraísos fiscales denominada “Panamá papers”. Uno de tres presidentes de países, único en la región, que además no renunció. A pocas semanas de asumir dio de baja la flota oficial, al tiempo que eligió viajar en la empresa Macair Jet perteneciente a su grupo económico, beneficiándola con contrataciones. El mismo año fue acusado de disponer un incremento presupuestario a favor de Iecsa-soterramiento del Ferrocarril Sarmiento-por alrededor de 3.000 millones de dólares. En 2017 imputado por el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri en relación con la deuda del Correo Argentino, donde intentó una condonación de deuda. Mientras la Justicia lo investigaba por el acuerdo con los “fondos buitre”, acusado de posible estafa y fraude contra el Estado. En cuatro meses realizó un primer pago de 9.300 millones de dólares -calificado por el fiscal Delgado como una “gigantesca estafa al Estado”. La escandalosa Ley de blanqueo que impedía a sus parientes ser beneficiarios, la violó. El Congreso debatió el blanqueo mientras que, según Massa, lo llamó siete veces para pedirle que incluyera a sus familiares. Como el bloque impulsó la limitación, lo hizo por Decreto. Es siniestro escuchar comentarios normalizados al respecto como: ¡Que maestro!
Imputado penalmente en “Memorándum Argentina-Catar”, por un acuerdo de 1.300 millones de dólares. Carlos Pagni afirmó que Daniel Angelici, supuesto operador judicial de Mauricio Macri, le dio dinero a un juez en forma de coima para beneficiar a Macri en la causa por espionaje en CABA (2009). En abril de 2017 el fiscal Picardi pidió investigarlo junto al ministro Aranguren, ante la sospecha de que el incremento de tarifas fue para favorecer a empresarios del rubro como Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin, todos cercanos a Macri. El fiscal Di Lello inició una investigación penal contra él y gran parte de su gabinete por haber salteado al Congreso, antes del acuerdo con el FMI, que ha sido señalado como un acto criminal, donde fueron imputados el ex ministro Dujovne y los ex presidentes del BCRA, Sturzenegger, Caputo y Sandleris.
La denuncia de Stolbizer a Macri fue por impulsar un aumento del 400% de los peajes, que causaron un extraordinario incremento del valor de Autopistas del Sol (generando un flujo de fondos extraordinario y consecuentemente un aumento fenomenal de sus acciones, del cual el Grupo Macri era parcialmente propietario, que le permitieron vender a Natal Inversiones, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por un valor 4 veces superior. Mas tarde estaría imputado por otra maniobra en perjuicio del Estado, mediante la cual nuevamente Autopistas del Sol, simuló una demanda contra el Estado por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, lo cual justificaría la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020”. En 2018, sin ningún dictamen dispuso pagar por dicho concepto 499 millones de dólares a Ausol, ahora propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Katopodis denunció que el macrismo dejó una deuda 35.000 millones de pesos en proyectos de infraestructura impagos. Y que, de 2.800 kilómetros prometidos de autopistas, hizo solo 365 (13%). De los 4.000 km. de rutas seguras que anunció, no construyó ni un solo km. De los 13.000 km. proyectados de repavimentación y asfalto, se construyeron 7.976, (61%) del Plan Federal Vial.
Durante la obscena gestión de González Fraga y Lucas Llach en el BNA, Vicentín-aportante a la campaña de Macri-recibió créditos por 311 millones de dólares (convertidos al más piadoso tipo de cambio). Apenas asumió Matías Kulfas, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, encontraron un sobre con 10.000 dólares en el fondo de una cajonera. La oficina pertenecía a Rodrigo Sbarra, ex secretario de Coordinación. Sbarra se alistó al Gobierno de Macri con un patrimonio de $1.1 millones y se fue con $30 millones y un carísimo Mini Cooper.
La SIGEN envió a la Oficina Anticorrupción una denuncia sobre la adjudicación del Paseo de la Infanta, el último día del gobierno de Macri otorgado por 10 años en favor de la firma Estación Rosedal SA. En el directorio de la concesionaria figura Alejandro “Petti” Peltenburg, un empresario que sería socio de sus funcionarios.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado, a través de Martín Cosentino Moreto, denunció que Macri cedió inmuebles de la Nación por $15.800 millones horas antes de dejar el gobierno. Entre los terrenos y propiedades cedidos, se encuentran las escrituras del Paseo del Bajo (mencionado recientemente por Elisa Carrió) por $5.400 millones de pesos, los viaductos de los ramales de tren Mitre y San Martín por $8.500 millones y el playón ferroviario de Caballito por 30 millones de dólares, para cancelar deuda que tiene la Nación con la Ciudad. A raíz de una investigación de la periodista Emilia Delfino, dos diputados nacionales denunciaron a Macri por tráfico de influencias y uso de información privilegiada, en la transferencia de una serie de “parques eólicos” que le habrían significado una ganancia de 48 millones de dólares.
No tenemos más espacio para desarrollar innumerables ejemplos a una velocidad inusitada. Solo mencionar “la bicicleta financiera” que produjo un saqueo y fuga de alrededor de 86.000 millones de dólares, dejando paralelamente 106.000 millones de dólares de incremento en la deuda.
En 2018 Amnistía Internacional publicó una investigación titulada “Trolling y agresiones a la expresión de periodistas y defensores de DDHH en Twitter Argentina”, en el que se analizaron más de 350.000 ciberataques sufridos por siete periodistas. El estudio comprobó que cibertropas, con altos niveles de organización profesional y tecnológica, atacaban sistemáticamente a las personas que emitían opiniones críticas al gobierno, utilizando discursos de odio, persecución, xenofobia o desacreditando periodistas para cercenar el debate público y disciplinar las voces críticas, disidentes u opositoras.
En momentos como este, recuerde que Macri ha sido acusado de llevar adelante el lawfare (persecución judicial que permitió detener indebidamente adversarios políticos y empresarios, estorbar financieramente negocios y desprestigiar rivales. En Brasil y Bolivia se logró destituir gobiernos y proscribir candidatos). Esas prácticas en el país se habrían realizado tanto para adentro como para afuera del espacio Cambiemos, manipulando y haciendo rutina ilegal con parte del Poder Judicial. Actualmente se mantiene prófugo, el presunto ideólogo de la mesa judicial-famoso porque Macri lo hizo responsable de proponer nombrar jueces de la Corte por decreto-, amigo de un Juez de la Corte. Se utilizaron los servicios de inteligencia, los medios de comunicación y denunciantes extravagantes.
En países como Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina las organizaciones de base y los trabajadores son débiles para defenderse de esas prácticas. Tanto que en los dos primeros se destituyeron presidentes.
“Achicar el Estado, es agrandar la Nación”. A partir de aquella frase retorcida, la Argentina paso de menos de 7.000 millones de dólares de deuda a 345.000 millones de dólares (49 veces en 43 años).Los datos económicos de la dictadura cívico militar se ocuparon de instalar y desmentir el concepto, empíricamente. La deuda creció 6 veces y el PBI “cero”. En el mismo periodo, los gastadores Estados escandinavos han sido lideres en bajos niveles de corrupción, cobrando altos impuestos y elevando los niveles de igualdad.
La corrupción potencializa la desigualdad, perturba regresivamente la composición del gasto, los niveles de inversión, el crecimiento y el funcionamiento de las instituciones. Es un círculo vicioso. Más desigualdad, más corrupción, menos crecimiento más concentrado, más oportunidad de espesa podredumbre.
Actuar contra la deshonestidad implica abordar la desigualdad. Durante los periodos de reducción del Estado la deuda externa creció, la tasa de desempleo se disparó, y la soberanía nacional fue deshonrosamente transgredida.
(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani
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