Mientras los legisladores de la Florida se apresuraban la semana pasada a aprobar un proyecto de ley para derogar el distrito especial que gobierna Walt Disney World, no se dieron cuenta de una oscura estipulación en la ley estatal que dice que el estado no podía hacer lo que los legisladores estaban haciendo, a menos que se pagara la deuda del distrito.

Sin embargo, Disney se dio cuenta y envió discretamente una nota a sus inversionistas para mostrar que estaba seguro de que el intento de la Legislatura de disolver el distrito tributario que gobierna las 39 millas cuadradas que tiene en dos condados infringía la “promesa” que hizo el estado cuando creó el distrito en 1967 y, por lo tanto, no era legal.

El resultado, dijo Disney a sus inversionistas, es que seguiría operando como siempre.

La declaración, publicada en el sitio web de la Junta de Regulación de Valores Municipales el 21 de abril por el Distrito de Mejoras de Reedy Creek, es la única declaración pública que Disney ha hecho desde que los legisladores desataron su furia por la oposición vocal de la compañía a la ley de “Derechos de los Padres en la Educación”, también conocida como el proyecto de ley “No digas gay”.

La declaración, de la que informó por primera vez WESH 2, cita el estatuto que dice, en parte, que el “Estado de la Florida se compromete ... a no limitar ni alterar los derechos del Distrito ... hasta que todos esos bonos, junto con los intereses correspondientes ... sean totalmente satisfechos y liquidados”.

La declaración de Disney dice: “A la luz de la promesa del estado de la Florida a los tenedores de bonos del Distrito, Reedy Creek espera explorar sus opciones mientras continúa con sus operaciones actuales, incluyendo la imposición y recaudación de sus impuestos ad valorem y la recaudación de sus ingresos por servicios públicos, el pago del servicio de la deuda de sus bonos de impuestos ad valorem y de los bonos de ingresos por servicios públicos, el cumplimiento de sus pactos de bonos y el funcionamiento y mantenimiento de sus propiedades”.

En esencia, el estado tenía una obligación contractual de no interferir con el distrito hasta que la deuda de bonos esté pagada, dijo Jake Schumer, un abogado municipal en el despacho de abogados Shepard, Smith, Kohlmyer & Mano, en un artículo para Bloomberg Tax publicado el martes y citado en un artículo de Law & Crime.

La ley aprobada por la Legislatura republicana en una votación que siguió en gran parte líneas partidistas, y promulgada por el gobernador republicano, o bien viola la cláusula de contrato de la Constitución de la Florida, o está incompleta, dijo Schumer al Herald/Times el martes. Si la Legislatura quiere desmantelar el Distrito de Mejora de Reedy Creek, tiene más trabajo que hacer.

“Simplemente no puede seguir adelante según la cláusula del contrato”, dijo. “Tendrían que aprobar algo para abordar esto”.

Schumer señaló que el proyecto de ley de disolución de Reedy Creek no dice qué sucedería con sus deudas, pero otra ley estatal requiere que por default el condado asuma la deuda de un distrito junto con todos sus activos cuando es disuelto.

“Esto significa que, teóricamente, los condados Orange y Osceola heredarán más de $1,000 millones de dólares en deuda de bonos”, escribió en el artículo de Bloomberg Tax.

Después de que el gobernador promulgara la derogación de Reedy Creek el viernes, la oficina del gobernador emitió un comunicado indicando que había más detalles por venir.

“En un futuro próximo, vamos a proponer una legislación adicional para autorizar a los distritos especiales adicionales de una manera que garantice la transparencia y la igualdad de condiciones en virtud de la ley”, dijo la declaración. Correspondería a la Legislatura adoptar cualquier medida.

El martes, el gobernador convocó a un período especial de sesiones legislativas para abordar el tema de los seguros de propiedad para la semana del 23 de mayo. Sin embargo, la proclamación no incluyó el Distrito de Mejora de Reedy Creek.

Ni la oficina del gobernador ni los portavoces de los presidentes de la Cámara de Representantes o del Senado quisieron responder a las peticiones de comentarios sobre cómo pretendía resolver el conflicto legal.

Cuando el estado estableció el Distrito de Mejoras de Reedy Creek en 1967 como un distrito fiscal independiente controlado por Walt Disney World, le otorgó el poder de construir carreteras, alcantarillado y servicios públicos, así como la autoridad para establecer sus leyes de zonificación, crear sus departamentos de policía y de bomberos, y regular su construcción.

El distrito puede pedir dinero prestado mediante la emisión de bonos para pagar los servicios y esa infraestructura y, aunque Disney también debe pagar impuestos sobre la propiedad a los Condados Orange y Osceola, el estado también permite que el Distrito de Mejora de Reedy Creek se autoimponga impuestos.

La tasa impositiva actual es tres veces superior a la cantidad máxima permitida por las ciudades y los condados, dijo Schumer.

Los proponentes del proyecto de ley “tenían una idea errónea de que Disney está recibiendo algún tipo de exención del impuesto sobre la propiedad especial para Reedy Creek”, dijo Scott Randolph, recaudador de impuestos del Condado Orange. “No es así”.

De hecho, los parques temáticos de Universal Studios y SeaWorld, que operan bajo distritos fiscales dependientes, tienen más ventajas fiscales que Disney porque “si esos distritos fiscales no existieran, ese dinero iría a parar a los ingresos generales del Condado Orange”, dijo Randolph.

Está de acuerdo con Schumer en que la única manera de que el estado disuelva el distrito especial de Disney es que la deuda sea asumida por el gobierno del condado.

“El Condado Orange se queda con los activos, las deudas y las obligaciones de Reedy Creek”, dijo. Pero el costo de proveer sus servicios es de $105 millones al año y el costo de sus servicios de la deuda es de $58 millones al año, por lo que si se disuelve Reedy Creek esos activos y obligaciones serían absorbidos por el presupuesto de $600 millones del Condado Orange, dijo.

“A menos que quieran recortar servicios y recortar gastos en otros lugares, van a tener que encontrar una manera de absorber $163 millones”, dijo Randolph. Él estima que el aumento promedio de los impuestos sería de $200 a $250 por año para la familia promedio hasta que los bonos se paguen.

“Al disolver Reedy Creek, la Legislatura esencialmente reescribió las promesas hechas en las ofertas de bonos del distrito”, escribió Schumer. “En lugar de los bonos respaldados por un distrito especial con el poder de recaudar hasta $30 millones en impuestos, los bonos de impuestos sobre la propiedad serán respaldados conjuntamente por dos gobiernos que solo pueden generar un máximo de $10 millones en impuestos”.

Esa tasa en millones significa $10 por cada $1,000 de valor de la propiedad gravable en lugar de $30 por cada $1,000.

El gobernador Ron DeSantis respondió a las críticas de que la derogación del distrito especial de Disney se convertiría en una carga para los habitantes del área.

“Algunas personas están tratando de decir de alguna manera que obtendrían una exención de impuestos por no tener su distrito especial”, dijo el lunes en una conferencia de prensa. “Créanme. Bajo ninguna circunstancia Disney dejará de pagar su parte justa de impuestos”.

Añadió que también se le exigirá a Disney que pague todos los bonos pendientes, pero no explicó cómo lo hará.

“Bajo ninguna circunstancia Disney dejará de pagar sus deudas”, dijo DeSantis.

Randolph llama a la medida la “ley sin un abogado detrás”, y predice que habrá muchas demandas, incluyendo una de los tenedores de bonos, alegando que el estado alteró ilegalmente el contrato.

El alcalde del Condado Orange, Jerry Demings, dijo a los periodistas el jueves que si Reedy Creek se disolviera por completo, sería “catastrófico” para el presupuesto de su condado. Demings, ex jefe de policía del condado, señaló que el distrito reembolsa a la Policía cualquier servicio prestado, incluso para los dos pequeños municipios controlados por Disney que se crearon al mismo tiempo que Reedy Creek, Bay Lake y Lake Buena Vista.

En el año fiscal actual, Bay Lake está pagando casi $11 millones a la Policía, y Lake Buena Vista está a punto de pagar casi $3 millones.

“Si ese distrito desaparece y ya no paga esos costos de seguridad pública y entonces eso tiene que recaer en los otros presupuestos de los condados, eso es una pérdida de suma neta para el resto de los contribuyentes del Condado Orange; cuando ya tenemos una presión significativa en nuestro presupuesto del condado para proveer la seguridad pública”, dijo Demings.

Entonces, ¿qué opciones tiene el estado para desenredar el embrollo?

“Pudieran intentar argumentar que esta promesa era inválida, que no podían hacerla por contrato”, dijo Schumer. “No creo que eso funcione. Pero los estados no suelen dedicarse a argumentar que sus propias promesas son falsas”.

El estado también pudiera aprobar una ley diferente que reconozca el derecho de Disney a los bonos y luego tomar los activos usando sus poderes de dominio eminente y pagar a los tenedores de bonos con esos activos, dijo.

Pero eso plantea otro problema para el estado, dijo Randolph.

Al dar a Disney un año para resolver esto, la empresa pudiera desprenderse de sus activos cediendo su central eléctrica y su servicio de agua a Lake Buena Vista y Bay Lake. Sin esos activos, Disney reduce su factura fiscal para cuando el estado disuelva Reedy Creek, dijo.

“Disney tiene más poder ahora para determinar su factura de impuestos que hace una semana”, dijo. “Eso es lo que me parece una locura. Quieren castigar a Disney, pero esto es lo más alejado de eso. Literalmente, se les dio el control de la cantidad que quieran pagar”.

El representante Randy Fine, el republicano de Palm Bay que patrocinó el proyecto de ley, sugirió a los legisladores que el estado pudiera requerir y crear una Unidad Tributaria de Servicios Municipales para reemplazar el Distrito de Mejora de Reedy Creek y usarla para recaudar impuestos para proporcionar servicios y pagar la deuda.

Pero Randolph dijo que no será fácil porque la ley estatal prohíbe a un condado crear una Unidad Tributaria de Servicios Municipales sin la aprobación de los municipios involucrados.

“¿Lo aprobarán Lake Buena Vista y Bay Lake?”, preguntó. “Pudieran hacerlo, pero ¿por qué lo harían? Disney tiene el control una vez más”.

El reportero del Herald/Times Tallahassee Bureau Kirby Wilson contribuyó a este artículo.

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